VARO, DEVUELVEME MIS LEGIONES

He tenido la suerte de compartir un rato con los compañeros de COSITAL CIUDAD REAL hablando del punto actual en el que nos encontramos en materia de estabilización de empleo temporal. Siendo un tema del que he escrito desde el inicio, me parece lógico continuar con la historia…

UNA VEZ PASADO El RUBICÓN

Hemos pasado ya el periodo de discusión sobre si la norma legal es inconstitucional o no. Estamos en un momento en el que las ofertas están todas o prácticamente todas negociadas y publicadas. También hay ya suficientes bases reguladoras que como es el mundo local resultan de todo diferente asimétricas y en la mayoría de los casos a juicio del que suscribe ilegales. Ya no, por aplicar o no aplicar jurisprudencia antigua, sentido común o oportunismo patrio, se juega como hacen los niños con sus padres a provocar, a cruzar la línea, volver amenazar con traspasar la línea (legal) una vez más y en estos momentos casi con total impunidad en las primeras instancias. Estamos llevando la situación al límite, como baremaciones de la experiencia al 70% o valoración del arraigo en la corporación con medias que sonrojarían al mas pintado.
Sin embargo, lo que se está haciendo con la aplicación en el mundo local de la Ley 20/2021, que no sé si es más o menos mundo jurídico que sanidad, educación o la AGE debemos seguir siendo la administración de tercera división, no hay por donde cogerlo.
La bases que estamos viendo, algunas impugnadas por las propias delegaciones del gobierno, esta sirviendo como dice Marcos Peña para dinamitar la base de la “cosntitucionalidad” de la Ley y es que seguimos diciendo que las bases son para fulanito, o Mnganito, que méritos ponemos que beneficien a Zutanito, seguimos como continua el autor oyendo a sindicatos decir que “todos para dentro”, se está consolidando la idea de que no se pueden presentar libremente a los procesos ni las personas de la calle, ni los empleados de otras administraciones ni siquiera las personas que son ya funcionarios de carrera o personal laboral fijo (como hace el Ayuntamiento de Madrid en sus bases). La falta de impugnación por los interesados tampoco ayuda, pero como el resultado no sea el esperado se verán regueros de conflictos judiciales sobre este proceso que está “mal parido” por lo corto de miras, los poco claro, lo inseguro y lo rupturista que es de la normativa básica en empleo público de España. Ya no creo que se pueda apelar a terceros de buena fe, como ha pasado recientemente en Andalucía cuando es claro y manifiesto que no se cumple un mínimo de seguridad jurídica y se juegan con derechos, con expectativas de derechos y con discriminaciones evidentes. Todo eso mientras vemos la cara de nuestros compañeros abusado o no, de larga duración o no pelear, enturbiar o quejarse de lo suyo.
Es una pena que no se haya asociado y colaborada para hacer de la ley 20/2021 una especie de concurso unitario nacional o concurso interadministrativo a gran escala.
Mayor pena es no aprovechar una Ley para mejorar la situación del empleo público, mejorando y premiando a los más capaces y eliminando a los empleados públicos que los hay del vuelva usted mañana, de las bajas continuadas durante años, de no muevo este papel porque no me corresponde, de la vergüenza que da esta minoría y que a río revuelto van a sacar aún más sus ganancias.
Para una plaza en la administración pública se debería competir, y una vez obtenida seguir compitiendo por prestar mejor nuestros servicios públicos, por se empleados independientes no sometidos a presiones injustificadas y por la mejora del bien común que es la mayor satisfacción que se tiene como empleado público.

Y se nos llena la boca, el buzón de correo, los cursos y los congresos de planes antifraude, de agencias antifraude, lucha contra la corrupción, transparencia ¿dónde están ahora? Con bases cocinadas intramuros de forma secreta y en beneficio de unos pocos. Esto es también corrupción y de la mala porque perjudica a todos: abusados incluidos que pueden ver en la vía penal como vuelven a la casilla de salida o peor aún.
Es más, estamos viendo como el tribunal supremo en su vertiente administrativa y ojo ya también la social están cerrando en banda reclamaciones que se han ganado en primera instancia o tribunales superiores de justicia, sobre la fijeza, sobre las indemnizaciones, sobre le mantenimiento del PINF (personal indefinido no fijo) y sobre el personal de la administración institucional (imaginar el grado de legalidad el acceso durante años en estos entes que ya por otros motivos ha sido objeto de reprobación y escándalos de corrupción)
Como dice Juan Luis Moratinos ahora mismo tenemos:
“El frente Europeo, que podría llegar a determinar que deben quedarse quienes estaban,
El frente Constitucional que podría anular la Ley 20/2021
El frente Contencioso Administrativo que seguramente anulará muchas convocatorias cuando ya estén finalizadas.”

NOVEDADES

tremendamente interesantes que están recogidas en la página de APISCAM de tremenda actualidad

http://apiscam.blogspot.com/


Propuesta de estabilización
En concreto, en las convocatorias para el proceso excepcional por concursos de méritos, el documento recomienda a los servicios de salud:
• que la experiencia puntúe el 70%, con estos límites
o en la misma categoría/especialidaden el servicio de salud convocante : podrá alcanzar el 100% de puntuación de este apartado de experiencia
o en la misma categoría/especialidad en otro servicio de salud: hasta el 66% (en el borrador previo era el 55%)
o opciinal valorar experiencia en otras categorías, en ese caso
 en otra categoría del convocante: hasta el 20%
 en otra categoría en otro servicio de salud: hasta el 12%
• el 30% de otros méritos se negocie en cada ámbito
• no permitir participar al personal que ya es estatutario fijo en la misma categoría/especialidad en un servicio de salud
• que se incluya una disposición con este texto para impedir conseguir plaza fija en varios servicios de salud:
«aquellas personas adjudicatarias de plaza que, en el momento de la formalización del nombramiento, tuvieran formalizado otro en la misma categoría profesional u homóloga, o en su caso especialidad en otro servicio de salud distinto a aquel en el que ahora se les ha adjudicado plaza, no podrán formalizar el nuevo nombramiento al no cumplir los requisitos previstos en la propia convocatoria, no ser personal estatutario fijo de la misma categoría profesional u homóloga o en su caso especialidad»

La fijeza no es sanción adecuada para los PINF ojo SOCIAL

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo rechaza plantear cuestiones al Tribunal europeo sobre que la figura del indefinido no fijo valga como sanción al abuso de temporalidad porque no tiene «duda razonable de la adecuación de nuestra norma» al derecho de la UE y reitera que debe aplicarse igualmente al personal en abuso de las sociedades mercantiles públicas si no han superado un proceso selectivo para fijo
Recientemente se ha publicado en en el CENDOJ la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29/09/2022 al recurso de casación nº 2068/2019 – recurso del Abogado del Estado en nombre de RTVE contra la sentencia de fijeza del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante un caso de abuso de temporalidad- en el que el alto tribunal español que lleva las demandas de empleados públicos bajo contrato laboral no sólo:

recuerda que la sanción al abuso de temporalidad en un empleado público de contrato laboral es la figura creada por el propio Supremo del «indefinido no fijo» si no tiene superado un proceso selectivo para fijo, en especial, no siendo suficiente la superación de un proceso selectivo para temporal (reafirmado recientemente pese a las sentencias europeas en su sentencia de Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, con discrepancia de 3 magistrados, de 25/11/2021)
y reitera su doctrina reciente de que por la Disposición Adicional 1ª del Estatuto Básico del Empleado Público [EBEP] a los empleados de una sociedad mercantil pública -como AENA o RTVE – les son de aplicación las mismas restricciones al acceso del artículo 55 del EBEP que a los empleados públicos, es decir, por procesos selectivos regidos por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad , y, por tanto, la figura del indefinido no fijo debe aplicarse igual a las sociedades mercantiles estatales (Sentencia de Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18/06/2020 al recurso 1911/2018, con doctrina reiterada más recientemente en la sentencia de 23/02/2022 al recurso 3697/2018)

sino que además rechaza la solicitud del empleado de RTVE de que se plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea -sobre la validez del indefinido no fijo como sanción en su caso ante la normativa y jurisprudencia europea, debemos suponer- porque, según esta sección de la Sala de lo Social de Tribunal Supremo:
no está obligado a elevar cuestión prejudicial cuando «comprueba que la cuestión suscitada no es pertinente, que la disposición de Derecho de la Unión de que se trata ya ha sido objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia o que la correcta aplicación del Derecho de la Unión se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna»
«no estamos aquí ante una duda razonable sobre la adecuación de nuestra normativa
interna al derecho de la Unión, en lo que se refiere a la calificación de la relación laboral como indefinida no fija en el caso de la contratación temporal irregular por parte de la Administración Pública, así como tampoco en la aplicación de esta figura a las sociedades mercantiles integradas en el sector público»
y, de forma consecuente, al tener el empleado de RTVE superado un proceso selectivo sólo para temporal y no tener ninguno para fijo, revoca las sentencias de fijeza del tribunal y juzgados inferiores para estimar la reclamación subsidiaria: la concesión del indefinido no fijo.
Recuérdese que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respondió recientemente con un auto a una cuestión prejudicial de un juzgado, que esa figura del indefinido no fijo que se concede en la justicia nacional española para personal laboral empleado público, entre otras razones, por sanción a abuso de temporalidad del laboral público, no deja de ser un temporal más según la normativa europea y que la cuestión importante de si puede considerarse la concesión de esta figura del indefinido no fijo por sí sola una sanción válida al abuso de temporalidad previo , ha sido elevada de forma explícita al Tribunal de Justicia Europeo por 3 cuestiones prejudiciales pendientes de la Sección 2ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en las que cuestiona precisamente si la figura del indefinido no fijo del Supremo para laborales puede valer como sanción al abuso de temporalidad, algo de lo que, como vemos en esta sentencia, la Sala de lo Social no tiene ninguna duda de que sí vale.

Recordemos por otro lado, en cuanto a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo español, la que lleva los casos de los empleados públicos funcionarios y estatuarios de los servicios de Salud,:
estableció en Diciembre de 2021 en sus primeras sentencias a demandas de fijeza del grupo de demandas del SERMAS de 2016 que dio lugar precisamente a la sentencia europea de 19/03/2020, y en las que se invocaba precisamente la misma Directiva Europea y la sentenica seminal Adeneler de 2006 , el Supremo español pasaba a reconocer el abuso en interinidades de vacante prolongadas, incluso de único nombramiento, pero rechaza la fijeza y la indemnización como sanción por no estar contemplada literalmente en una la ley nacional para los funcionarios públicos temporales, aunque sea la sanción del derecho laboral general en España
también están pendientes nuevas cuestiones prejudiciales, admitidas a trámite por el Tribunal de Justicia europeo, planteadas por el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 17 de Barcelona cuestionando que valga ante la normativa europea la doctrina del Contencioso del Supremo ante el abuso de temporalidad en el empleo público como la nueva Ley 20/2021, reacción del Gobierno por ahora
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha denegado paralizar los recursos de casación sobre abuso de temporalidad para esperarse a la sentencia del Tribunal europeo en dichas cuestiones prejudiciales, rechazando igualmente que la Sala de lo Social plantear ella misma cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo.

Como podemos aprecir, los tribunales de justicia están cerrando el círculo de la liberalidad en esta materia mientras las bases bomba campan a sus anchas.

4 comentarios sobre “VARO, DEVUELVEME MIS LEGIONES

  1. Los procesos de estabilización que utilizan el concurso de méritos (DA 6ª Ley 20/2021) que he visto hasta ahora, en mi opinión, son todos inconstitucionales y, por tanto, nulos de pleno derecho, puesto que lo que se pretende de forma descarada es estabilizar a las personas interinas en lugar de estabilizar los puestos de trabajo.
    1.- La valoración de los servicios prestados supera con creces el 45%. La doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido que la valoración de los servicios prestados no puede superar el límite de lo tolerable (SSTC 67/1989, de 18 de abril, FJ 4; 185/1994, de 20 de junio, FJ 6.c; 11/1996, de 29 de enero, FJ 6; 73/1998, de 31 de marzo, FJ3.b; 83/2000, de 27 de marzo, FJ 4), fijando este límite en un máximo del 45% sobre el total de la puntuación máxima (SSTC 185/1994, 93/1995, 11/1996 y 107/2003, 27/2012), y sin que sea aplicable las excepciones aplicadas en circunstancias únicas e irrepetibles (SSTC 27/1991, de 14 de febrero, FJ 5.C, 16/1998, de 26 de enero de 1998, FJ 5), 12/1999, de 11 de febrero, FJ 5, 185/1994, de 26 de julio, FJ 6), puesto que se refieren a la puesta en marcha de algunas Administraciones autonómicas o a un cambio normativo sustancial que afectó a un sector muy determinado. En cualquier caso, las pocas excepciones se dictaminaron hace más de 20 años, contemplando la doctrina del TC que no son generalizables o extensibles a otros supuestos (SSTC 27/1991, 60/1994).
    2.- Mayor valoración de los servicios prestados en una determinada Administración respecto al resto. La jurisprudencia se ha pronunciado de forma profusa sobre la ilicitud de valorar más los servicios prestados en la Administración convocante que los servicios prestados en otras Administraciones, máxime en el supuesto de que el personal de las restantes Administraciones pudiesen acreditar la prestación de servicios idénticos o similares a los puestos convocados. Así, por todas, STC 281/1993, SSTS 18 de mayo de 2011 (rec. 3013/2008), 25 de abril de 2012 (rec. 7091/2010), 23 de diciembre de 1996, de 27 de junio de 2008, 6 de mayo de 2009, 20 de octubre de 2010, 18 de mayo y 1 de octubre de 2011 y 16 de enero de 2012, de modo que resulta inconstitucional que la distinta valoración de los servicios prestados no se justifique con un diferente contenido funcional de los puestos convocados sino únicamente de la Administración en que dichos servicios se prestaron.
    A tal efecto, para una convocatoria en la que se pudieron de manifiesto estos vicios de nulidad he interpuesto una queja al Defensor del Pueblo, a la institución análoga de la Comunidad Autónoma y he interpuesto recurso de reposición

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    1. Muchas gracias por comentar. En mi opinión, la opinión del comentario fue la primera que me vino a la cabeza cuando se aprobó la leye. Pero tengo que reconocer dos cosas:
      A nivel jurídico: creo no es tan nulo como parece al prinicipio al venir autorizado por una norma con rango de ley. Es cierto que personalmente no me gusta y me parece una calle de enmedio que no va a solucionar lo que se pretende. Se necesita una Ley más consensuada y que contemple la realidad y los supuestos. El posible carácter no eliminatorio de la oposición si que que creo que es algo incostitucional.
      A nivel real: Hay muchas circunstancias y casuistica sobre todo en la administración local, y sin llegar a defenderlo existen algunas situaciones muy llamamtivas e injustas. Precisamente por eso meter a todos en el mismo saco me parece un error: desde la personas que entro a trabajar en un ayuntmaiento porque pasaba por la puerta hasta las personas que superan un proceso selectivo pero no obtienen plaza y luego la definición de la larga duración: 3,5,10 años…. yo menos de 10 no lo veo.
      Finalmente apuntar que el defensor del pueblo ya desestimo una pretensión al respecto y el TS también, enmi opinión hay un problema bastante gordo que afecta a personas que trabajan en la administración y que se debe solucionar de una forma correcta. Tambié creo que es una oportunidad perdida para racionalizar y mejorar nuestra administración pública.

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      1. En relación a la respuesta a su comentario, en el que indicas que no son nulos estos procedimientos por estar habilitados por una Ley, y que el Defensor del Pueblo desestimó que lo fuera, comentar lo siguiente: a) yo no discuto la constitucionalidad de la DA 6 de la Ley 20/2021, b) discuto la constitucionalidad de las convocatorias de estabilización que aplican dicha Ley, de conformidad, por cierto, con el planteamiento señalado por el Defensor del Pueblo, es decir, son las convocatorias las que son nulas en cuanto a la valoración de la experiencia, tal y como señale en el primer comentario, apoyado por la jurisprudencia del TC y TS

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