Parte 3. UMA. Unidad Mínima Administrativa.
Me gusta cumplir mi palabra, en nuestras anteriores entregas habiamos planteado el escenario insostenible de gestión de empleados públicos actual. En la segunda entrega habiamos realizado distintas propuestas innovadoras, algunas disruptivas para mejorar la selección y «acoplamiento» de los nuevos empleados públicos.
Espero que con respeto y sin la tergiversación, aprovechamiento electoral y manipulación hecha por el candidato no electo Alberto Queipo de Llano, sobre mis propuestas anteriores sino con espiritú constructivo y vocación de resolver un problema del colectivo de Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional, estás propuestas sirvan de ejercicio teorico para atajar una profesión y unas funciones básicas que se desangran.
1. ESPECIAL REFERENCIA A LOS FUNCIONARIOS CON HABILITACION NACIONAL
Debemos empezar por mantener la firme creencia de la necesidad de este cuerpo especial de funcionarios. La funciones públicas reservadas sobre todo de fiscalización, manejo y control de fondos públicos nunca va a desparecer. Por eso también me gusta poner el foco en las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo. Aunque los que hemos trabajado más de 12 años, nueve de ellos de interino sabemos que en realidad se trata de asesoramiento total, completo y comtinuo. Los problemas de planta municipal y funciones reservadas son cada vez más evidentes. Por eso debemos pensar en la modificación o tnrasformación de funciones de estos funcionarios OBLIGATORIOS en TODOS los municipios de España. (actualmente hay un deficit apróximado de 4000 de estos empleados públicos)
Podemos decir siguiendo a Hernandez Ibabe, Sara que [1]«la figura del habilitado nacional es clave para abordar la necesaria transformación de esa administración. Digamos que el habilitado es la figura de referencia, en muchos casos el único empleado público que tiene conocimientos en muchas materias indispensables para el día a día en estas administraciones. Digamos que somos algo así como una caja de herramientas bastante completa para desempeñar nuestras funciones en nuestro ámbito.»
Los funcionarios con habilitación de carácter nacional nacen tal y como podemos entenderlos en relación con la actualidad en las Cortes de Cádiz de 1812[2] evolucionando a lo largo del tiempo en funciones y responsabilidades, pero siempre como piedra angular del funcionamiento de la administración local.
Por eso a lo largo de su historia estos cuerpos de administración local han tenido mejores y peores momentos, han sufrido intentos de eliminación y presiones de todo tipo. Actualmente estamos en un momento no muy bueno, con intentos de descentralización (ya fallidos hace años), propuestas de estabilización y consolidación desde el ministerio de Hacienda y función pública, la gran lista de vacantes, actualmente se registra un porcentaje del 42,52% de puestos vacantes, cerca pues de la mitad de los casi 9.000 que existen en todo el territorio nacional, las convocatorias sin cubrir y la huida de la habilitación nacional por parte de sus integrantes, a través de las convocatorias masivas a través del sistema de libre designación.
El último intento en tramitación son la enmiendas a la Ley de presupuestos generales del Estado para la descentralización a las Comunidades Autónomas de todas las competencias sobre estos funcionarios con habilitación nacional. De nuevo, burdamente a través de una norma clave para otra materia y para el pais y que se utiliza como caballo de Troya por aquellos que quieren campar a sus anchas, tener un cortijo propio, huir de limites democrácticos, de responder antes los ciudadanos a través de un control administrativo eficaz como se verá en las próximas elecciones locales. Sorprende que siquiera se permita sin afearse cuando se nos llena la boca y el BOE de normas sobre antifraude, medidas anticorrupción, alertas de denunciantes cuando tenemos una gran barrera frente a todo esto en nuestros propios Ayuntamientos desde hace más de 200 años.
Por ello es necesario reflexionar sobre algunas propuestas para mejorar algunos de los problemas que adolece el cuerpo antes de que sea demasiado tarde.
En primer lugar, proponer una nueva “planta” del ejercicio de funciones habilitadas, de forma que tras un estudio del alcance económico y poblacional agrupe en Oficinas de funciones reservadas, debidamente dotadas en personal y retribuciones, algo más sencillo que ahora al abarcar un mayor territorio. El número y distribución de estas oficinas lo debería establecer el Ministerio de Hacienda y Función Pública, las oficinas deben poder sustentarse económicamente porque de sus ganancias dependen los ingresos del propio territorio donde se asienta, para todos los empleados que trabajan en ella y, por supuesto los medios materiales necesarios. No obstante, el hecho de estar enmarcados dentro del Ministerio haría más fácil la integración como funcionarios de estado retribuidos y dependientes, con cargo a los presupuestos generales del Estado y salvando la necesaria imparcialidad al no depender de Alcalde como hasta ahora. En el colegio de secretarios, interventores y tesoreres de la administración local de Madrid, Sánchez Escorial, Marta inició un estudio para este tipo de divisiones a nivel de tesorerías locales, en mi opinión hay que ir más allá incluyendo todas las funciones reservadas.
La segunda propuesta, muy relacionada con la anterior sería una reordenación de las subescalas de los funcionarios con habilitación nacional. Actualmente la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional se divide en las siguientes subescalas: a) Secretaría. b) Intervención-Tesorería. c) Secretaría-Intervención.
El mayor problema se da también debido a la planta municipal, dado que la subescala de secretaría-intervención sólo existe en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que es el 85% de los municipios de España, mientras que además dentro de las subescalas de secretaria y de intervención-Tesorería se establece a su vez la división en municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes y los de superior población ya sin límite.
En los actuales momentos, se trata de una división anacrónica a nuestro juicio, en el que las grandes ciudades han ido creciendo y aumentado y los pequeños municipios han ido perdiendo población, hasta conceptualizar la llamada “España vaciada”.
Parece mucho más coherente con la realidad, y en consonancia con ampliar la planta donde prestan sus servicios este cuerpo que se elimine la subescala de secretaria-intervención lo que supondría por un lado eliminar la soledad del secretario interventor, así como la inasumible tarea que lleva a cabo al ocupar y realizar todas las funciones reservadas. Además, el mayor problema de vacantes se da en esta subescala al tratarse de municipios cada vez más pequeños y poco atractivos para cubrir su vacante.
Si se consiguiese la planta planteada en la propuesta uno, directamente en cada oficina de funciones reservadas existiría un secretario y un interventor /tesorero dependiente del Ministerio de Hacienda y retribuidos por dicho ministerio, todos de categoría de entrada, la cual proponemos que existe en aquellos municipios de 1 a 50.000 habitantes. A partir de esa cifra la oficina estaría ocupada por al menos seis funcionarios con habilitación nacional categoría superior titulares: secretaria del pleno, de la Junta de gobierno local, de la asesoría jurídica, intervención, tesorería y tribunal económico-administrativo.
Es nuestra propuesta de UMA (Unidad Mínima Administrativa). Esta unidad mínima, sería llevar a la práctica de las entidades locales el sistema de organización de notarios o partidos judiciales.
Entendemos que es factible mantener, por un lado, el sentimiento político y la realidad existencial de los actuales municipios españoles, dado el fracaso de las propuestas de fusiones municipales con las tareas y funciones administrativas propias del servicio a los ciudadanos, sean del municipio que sea y el apoyo a la gestión ordinaria municipal.
Plantemos un estudio que permita la creación de estas unidades sobre aproximadamente la agrupación de tres municipios actuales o más según la Comunidad Autónoma y la densidad de población.
En esta UMA prestarían sus servicios en forma de dependencia directa del Ministerio de función Pública o equivalente, dos funcionarios con habilitación de carácter nacional ambos de categoría de entrada, al haber eliminado la subescala de secretaria-intervención. Uno de la subescala de secretaria y otra de la de intervención/tesorería, además de dos técnicos de administración general del subgrupo A1 para las dos ramas del trabajo ordinario: uno jurídico y otro económico que además sustituirían, en su caso, a los habilitados naciones. Además de ocho administrativos, cuatro por rama en los que la carga de trabajo ser repartiría de igual modo: jurídico, contratación, gestión de personas, atención ciudadana, procedimiento administrativo y otra rama de gestión presupuestaria, manejo de fondos públicos, fiscalización, control interno, fiscalización, recaudación. Además, creemos que debe existir un operario de servicios múltiples que atienda la logística de la oficina, desplazamientos, apoyo al personal mencionado. Por último, sería necesario dos plazas más: un perfil de carácter tecnológico superior, que pueda conectar y ayudar a la gestión tecnológica de la administración actual y un técnico auxiliar de apoyo dado el avance y la necesidad de transformación que viven nuestras administraciones.
Con esta propuesta cubriríamos el “cuore de la administración local” dejando a los Ayuntamientos o diputaciones la gestión de sus funciones “periféricas” deporte, cultura, ocio, fiestas y otras competencias.
Otro de los problemas actuales que solucionaría respecto de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, las propuestas expuestas, sería la dificultad de la promoción interna entre las actuales subescalas, al tratarse de subescalas distintas, amén de que habría mucho margen de mejora respecto de las promociones cruzadas, las permutas y la posibilidad de especialización con una misma escala más definida y sólo dos subescalas dividas por el tipo de función.
Respecto del proceso selectivo, creo que podemos aplicar las siete propuestas planteadas en el apartado anterior, debido porque su origen está sobre todo en el estudio y trabajo de los procesos selectivos de los funcionarios con habilitación nacional pero que creo extrapolables al resto de cuerpo funcionariales siguiendo los principios de procesos selectivos mucho más agiles, con pruebas adaptadas al ejercicio de la profesión, transformando los cursos selectivos en periodos de pruebas, aprobando más aspirantes que plazas y profesionalizando los tribunales selectivos.
[1] https://sergiojimenez.net/funcionarios-habilitacion-nacional-dr-jekill-mr-hyde/
[2] Nicolau CONTI FUSTER, El Consultor de los Ayuntamientos, N.º 1, Sección Empleo público local, Enero 2021, pág. 59, Wolters Kluwer
El nuevo funcionario con habilitación de carácter nacional 